Obedece o desconéctate

Hace unas semanas escribí que el nuevo registro telefónico no era realmente una política contra el crimen. Era una política contra el anonimato.

Todavía conservaba, sin embargo, una forma probablemente ingenua de escepticismo. No dudaba de la voluntad autoritaria del gobierno mexicano. Dudaba de su capacidad para ejecutar una política tan absurda, tan mal diseñada y tan evidentemente incapaz de cumplir lo que prometía.

¿De verdad seguirían adelante? ¿De verdad intentarían suspender millones de líneas? ¿De verdad convertirían un teléfono celular en condición de acceso a bancos, plataformas, mensajería, trabajo y parte de la vida económica? ¿De verdad impondrían una obligación que ni siquiera los propios operadores parecen capaces de implementar correctamente?

Pensé que quizá retrocederían. No por respeto a la libertad, ni por pudor constitucional, ni porque de pronto entendieran la diferencia entre seguridad e identificación masiva. Pensé que retrocederían por simple incompetencia. Pero todo indica que no. Y tal vez ése fue mi error: suponer que una política debe funcionar para que un gobierno quiera aplicarla.

En una maquinaria de propaganda, el resultado práctico puede ser secundario. Lo importante es el anuncio, la cifra, el portal, la campaña, el reporte oficial, la fotografía del funcionario explicando que ahora sí se combate la extorsión. Si después aparecen líneas registradas con identidades falsas, empresas incapaces de cumplir, ciudadanos desconectados, números vinculados a personas que no los utilizan y delincuentes operando exactamente como antes, siempre habrá una explicación. La culpa será de los usuarios, de las empresas, de los operadores, de quienes no siguieron correctamente el procedimiento. Nunca de la política.

Los primeros mensajes de AT&T fueron bastante claros:

“Por disposición oficial, debes vincular tu línea. Si no lo haces, la perderás.”

No hubo una invitación, una exposición de garantías ni una explicación sobre proporcionalidad, necesidad, seguridad de la información o mecanismos reales de supervisión. Hubo una orden y una consecuencia.

Regístrate. O pierde la línea.

Durante semanas recibí distintas versiones del mismo mensaje: “Por disposición oficial, debes vincular tu línea, si no lo haces la perderás”; “Acude a tu tienda AT&T”; “Necesitas INE y CURP”; “Nunca por llamada”. La amenaza no estaba implícita. Era literalmente el contenido del mensaje.

Después ocurrió algo curioso. Como una parte considerable de la población parecía no responder con la obediencia esperada, el tono cambió. Después comenzaron a ofrecer paquetes de datos de distintas cantidades y vigencias, a cambio de entrar voluntariamente al sistema al que ya me habían ordenado entrar bajo amenaza de perder el servicio.

Primero dijeron:

Obedece o te desconectamos.

Después añadieron:

Por favor, obedece. Te regalamos datos.

La secuencia es casi cómica. El monopolio político decreta, la empresa transmite la amenaza, el ciudadano no responde y entonces aparece la promoción, como si el problema fuera que todavía no habíamos comprendido la maravillosa oportunidad comercial. Como si nuestra resistencia pudiera deberse a que nadie había encontrado todavía el precio correcto. ¿Cuánto vale la renuncia a una objeción constitucional? ¿Cuánto cuesta aceptar que el gobierno vincule obligatoriamente nuestra identidad civil con el aparato que llevamos en el bolsillo? Para AT&T, aparentemente, lo suficiente para convertir una amenaza en campaña de datos.

Y cuando la promoción termina, la amenaza permanece.

No hay consentimiento en esto. Hay una orden adornada con mercadotecnia. La zanahoria no elimina el garrote. Sólo intenta volverlo más fotogénico.

Hace unas horas recibí otro mensaje:

“VINCULACIÓN EXITOSA: Tu línea fue vinculada exitosamente, se encuentra ACTIVA y lista para utilizarse.”

Yo no vinculé ninguna línea.

El mensaje no provino del remitente habitual de AT&T. No muestra un número telefónico. Aparece únicamente bajo el nombre “Bienvenido”. AT&T, mientras tanto, continúa ofreciéndome ayuda para realizar el registro.

Busqué entonces en las herramientas disponibles de AT&T y Telcel. No encontré una explicación clara sobre lo que había ocurrido con mi número. Los lineamientos obligan a los proveedores a ofrecer mecanismos de consulta, y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reúne en su portal los enlaces correspondientes. Pero no existe allí una consulta central que permita introducir una CURP o un RFC y descubrir, sin conocer previamente la compañía (y hay cientos), qué líneas aparecen vinculadas en todo el sistema.

Para consultar hay que seleccionar primero al operador. Y ése era precisamente el dato que el mensaje no proporcionaba.

Mi línea sigue funcionando y continúa apareciendo como una línea de AT&T. Sin embargo, en la herramienta de AT&T no figura como vinculada. El SMS de “VINCULACIÓN EXITOSA” tampoco identifica a otra compañía ni ofrece una ruta para averiguar quién realizó la supuesta operación, mediante qué procedimiento o sobre qué base.

No sé si el mensaje fue un fraude, un error, la confirmación de algún servicio distinto o un intento de registrar el número. Tampoco puedo descartar, con las herramientas que el propio sistema pone a disposición del ciudadano, que la supuesta vinculación haya ocurrido en otro lugar. Y no pienso fingir que sé lo que todavía no puedo demostrar.

Pero la escena resume perfectamente la calidad de esta política. El ciudadano debe entregar una identidad verificable a una infraestructura fragmentada que no le permite verificar con la misma facilidad qué se hizo con ella. En medio de una campaña destinada supuestamente a eliminar la incertidumbre sobre la identidad de las líneas, recibo una confirmación de identidad cuya identidad no puedo verificar.

El mensaje que anuncia transparencia es opaco.

El sistema que promete atribución produce confusión. El ciudadano debe identificarse. El remitente puede llamarse simplemente “Bienvenido”.

No es una tarjeta SIM

La defensa más frecuente de esta política consiste en fingir que sólo estamos hablando de telefonía: “es una línea celular”, “puedes vivir sin ella”, “antes no existían”, “siempre puedes usar una computadora”, “siempre puedes ir al banco”. La argumentación sería menos insultante si no dependiera de ignorar deliberadamente cómo funciona la vida contemporánea.

Un número celular ya no sirve únicamente para llamar. Es una credencial improvisada, una llave de autenticación, un identificador exigido por bancos, plataformas, sistemas de mensajería, comercios, aplicaciones de transporte, servicios de hospedaje y mecanismos de recuperación de cuentas.

Durante años, empresas y gobiernos promovieron esa dependencia. Nos convencieron de instalar aplicaciones, abandonar sucursales, dejar de utilizar tarjetas físicas para ciertas operaciones, aceptar códigos enviados por SMS, confiar en números telefónicos como prueba de identidad y trasladar pagos, reservaciones, conversaciones, documentos y trabajo a dispositivos móviles. Después de construir esa dependencia, el gobierno aparece para declarar que el acceso a la infraestructura queda condicionado a que la línea esté vinculada con nuestra identidad bajo sus reglas.

Y todavía pretenden que discutamos como si se tratara de conservar el derecho a llamar por teléfono.

No. Se trata de quién controla la llave.

Mi banco ya me lo explicó dentro de su propia aplicación. Debo vincular la línea para “mantener operando de manera normal” los servicios que utilizan el teléfono como medio de verificación.

La frase es cuidadosamente cobarde. No dice que perderé mi dinero, que cancelarán mi cuenta o que el gobierno me prohíbe participar en el sistema financiero. Sólo advierte que las cosas podrían dejar de operar “de manera normal”. Siempre quedará alguna ruta degradada: la banca electrónica desde una computadora, una visita a la sucursal, un trámite presencial, una aclaración, una fila, un horario laboral, una llamada desde otro teléfono.

La libertad burocrática consiste en conservar una alternativa tan incómoda, lenta o incompleta que permita negar que existe coerción.

Puedo conservar jurídicamente mi cuenta y, al mismo tiempo, perder funciones necesarias para utilizarla como antes. Puedo conservar una tarjeta física y no poder generar la tarjeta digital o el código dinámico requerido para determinadas compras. Puedo ser propietario de mi dinero y depender de una aplicación cuya activación o recuperación exige una línea móvil funcional. Puedo tener derechos formales y perder capacidad operativa.

Ésta es una de las ficciones favoritas del Estado: confundir la existencia jurídica de un derecho con la posibilidad material de ejercerlo. Mi propiedad sigue siendo mía. Sólo debo pedir permiso de manera más complicada para utilizarla.

La dependencia no se limita al banco. Uber, Airbnb, Didi, Rappi, aplicaciones de gobierno, servicios de comercio electrónico y sistemas de mensajería suelen exigir un número para crear cuentas, recuperar accesos, confirmar dispositivos o autorizar movimientos. Algunas plataformas permiten cambiarlo mediante correo electrónico. Otras conservan sesiones activas durante cierto tiempo. Muchas ofrecen alternativas parciales. Pero la existencia de una puerta de emergencia no convierte en voluntario el cierre de la entrada principal.

Y quienes diseñaron esta medida lo saben. Saben que una línea celular no es un lujo aislado. Saben que suspenderla afecta relaciones familiares, trabajo, pagos, reservaciones y cuentas. Saben que millones de personas terminarán entregando sus datos no porque confíen en la política, sino porque no pueden arriesgarse a perder el acceso normal a las herramientas de las que depende su subsistencia.

Ésa es precisamente la función del castigo. No buscan persuadir. Buscan elevar el costo de negarse hasta que la negativa resulte impracticable. Después podrán publicar una cifra de cumplimiento y llamarla aceptación ciudadana.

La palabra “consentimiento” ha sido vaciada hasta significar lo contrario. Consentir debería implicar la posibilidad real de rechazar una propuesta sin sufrir una represalia desproporcionada. Aquí el Estado dispone: entrégame la información, permite que tu identidad quede vinculada a la línea, acepta el procedimiento o pierde el servicio. Y como el servicio funciona como llave para otros servicios, la amenaza se multiplica mediante una red de dependencias que el propio Estado no necesita administrar directamente.

AT&T suspende la línea; el banco pierde un medio de verificación; la aplicación deja de funcionar normalmente; la plataforma no puede enviarte un código; la cuenta queda más difícil de recuperar; la reservación se complica; el cliente no puede localizarte; la familia pierde un canal de comunicación. Cada institución puede lavarse las manos. La compañía sólo cumple una disposición oficial. El banco sólo explica las consecuencias. La plataforma sólo aplica sus políticas de seguridad. El gobierno sólo combate el delito.

La coerción está distribuida de tal manera que nadie parece ejercerla por completo. Pero el ciudadano la recibe toda.

Eso es lo verdaderamente moderno del mecanismo. No hace falta que un policía llegue a mi casa para obligarme, confiscar mi dinero, prohibirme publicar o cerrar mi negocio. Basta con intervenir la capa de acceso. El poder contemporáneo no siempre destruye aquello que quiere controlar. A veces sólo administra las credenciales.

Algunas personas cercanas me han dicho que exagero porque las empresas ya piden datos para contratar otros servicios. Que al instalar internet en una casa también se proporciona nombre, domicilio y cierta información del titular. La comparación falla porque no toda entrega de datos es idéntica.

No es lo mismo proporcionar una dirección para instalar físicamente un cable que quedar obligado por el gobierno a vincular una identidad civil con una línea portátil que acompaña nuestros movimientos, sirve como mecanismo de autenticación y conecta buena parte de nuestra vida digital. La diferencia está en su capacidad de correlación: identidad, número, dispositivo, ubicación, horarios, relaciones, aplicaciones, banca, trabajo, mensajería. El peligro no reside en que cada fragmento sea desconocido por completo, sino en que todos puedan unirse con menos esfuerzo.

Es el razonamiento de quien observa que una casa ya tiene ventanas y concluye que no importa retirar las paredes. La privacidad también consiste en separación, dificultad, límites de propósito y obligación de que distintas instituciones no puedan unir automáticamente todo lo que saben. La fragmentación no es una falla. Es una forma de protección. Y la búsqueda del ciudadano transparente consiste justamente en destruirla.

El caso imposible

La política se vuelve todavía más absurda cuando intenta enfrentarse con la realidad.

Un amigo mío administra una empresa que utiliza decenas de líneas celulares para proporcionar internet en eventos multitudinarios. No para operar un centro de extorsión, no para ocultar una organización criminal, sino para conectar redes compartidas por miles de dispositivos. Una sola línea puede servir como enlace para una red completa. El titular administrativo no es el autor de cada comunicación. El dueño de la empresa no es la persona que visitó cada página. El empleado que instaló el router no escribió cada mensaje. La identidad asociada con la tarjeta SIM puede encontrarse a miles de usuarios de distancia de la actividad concreta que atravesó la conexión.

No se trata de una excepción exótica. Es una función legítima y ordinaria de las telecomunicaciones. Empresas, hoteles, universidades, cafés, oficinas, organizadores de eventos y dependencias públicas proporcionan acceso compartido todos los días.

Sin embargo, cuando el responsable de esa empresa intentó cumplir la nueva obligación, el operador no pudo ofrecerle un procedimiento funcional para registrar correctamente sus líneas empresariales. No era una negativa del cliente ni un intento de evasión. Era una empresa preguntando cómo obedecer. La infraestructura no estaba preparada. El personal no sabía resolverlo. La obligación existía. El procedimiento, en la práctica, no.

Y entonces ocurrió algo que resume toda la política mejor que cualquier crítica teórica. Según el testimonio que recibí, personal de la propia compañía sugirió registrar las líneas utilizando identidades de empleados, conocidos o vecinos.

Es decir: para cumplir una política cuyo supuesto objetivo es asociar correctamente cada número con una identidad, el operador recomendó producir asociaciones que no reflejan al usuario real.

La solución oficial al problema de las identidades falsas fue fabricar registros falsos.

No necesariamente documentos falsos. Eso habría sido demasiado burdo. Personas reales, CURP reales, identificaciones reales, relaciones falsas. El sistema podría entonces celebrar que cada número quedó vinculado. El reporte mostraría cumplimiento. La base contendría nombres. La autoridad tendría una cifra. Y la información sería materialmente inútil para determinar quién utilizó cada conexión.

Pero la política habría funcionado. Al menos en la única dimensión que parece importarle al aparato burocrático: el formulario estaría lleno.

Ésta es la diferencia entre verdad y legibilidad administrativa. La verdad sería reconocer que una línea puede tener múltiples usuarios, que una red puede transportar actividad de miles de personas y que la titularidad contractual no demuestra autoría. La legibilidad administrativa sólo necesita una casilla con nombre, CURP, número y estatus vinculado. El sistema no necesita comprender la realidad. Necesita reducirla a campos que pueda contar. Y cuando la realidad no cabe, no modifica la política. Obliga a la realidad a mentir. Después utiliza esa mentira como evidencia de éxito.

Un delincuente que quiera evadir la atribución seguirá teniendo opciones: identidades robadas, prestanombres, dispositivos ajenos, redes públicas o empresariales, servicios intermediarios, funcionarios corruptos o empresas fantasma. El registro no elimina esas posibilidades. Sólo aumenta los costos para quienes no estaban intentando ocultarse.

El delincuente ya considera la evasión parte de su actividad. El ciudadano ordinario no. Utiliza el mismo número durante años, lo entrega a su banco, lo comparte con su familia, lo registra en plataformas, lo vincula con un correo, carga el mismo dispositivo, regresa cada noche al mismo domicilio, publica desde cuentas persistentes, conserva historiales, paga servicios. Deja rastros legítimos porque no está cometiendo un delito. Por eso es mucho más sencillo identificarlo. No porque el Estado sea extraordinariamente competente. Sino porque el ciudadano normal ya hizo casi todo el trabajo.

Para encontrar a un extorsionador que utiliza una línea robada, una identidad ajena y una red compartida, se necesita investigar: seguir dinero, cruzar evidencia, solicitar órdenes, identificar redes, proteger testigos, enfrentarse con policías y funcionarios comprados, distinguir al titular administrativo del usuario real. Para encontrar a una persona que publicó una crítica desde una cuenta habitual, el camino puede ser mucho más corto: plataforma, proveedor, número, horarios, metadatos y ubicación aproximan rutinas.

No hace falta leer todos los mensajes para reconstruir una vida. El contenido puede estar cifrado. La existencia de la comunicación no necesariamente lo está. La vigilancia no necesita omnisciencia. Necesita correlación. Y el registro reduce el costo de correlacionar al ciudadano que vive abiertamente.

Por eso esta política puede ser inútil contra el criminal y peligrosamente eficaz contra el disidente sin que exista contradicción alguna. El criminal profesional diseña su actividad para producir atribuciones falsas. El periodista, el activista, el opositor y el ciudadano crítico utilizan infraestructura ordinaria. No están huyendo de la justicia. Están ejerciendo libertades que supuestamente no deberían requerir clandestinidad.

Ésa es la inversión moral del sistema: quien comete un delito ya sabe que debe ocultarse; quien piensa y habla libremente descubre que quizá también debería hacerlo. Y después el gobierno presenta la necesidad de adoptar precauciones como evidencia de culpabilidad.

“¿Por qué necesita privacidad?” “¿Qué tiene que esconder?”

La respuesta es sencilla. Necesito privacidad precisamente porque no confío en quienes hacen esa pregunta.

Verdad, formulario y simulación

Tal vez el registro no reduzca la extorsión. Tal vez las líneas criminales continúen operando mediante identidades robadas, prestanombres, redes compartidas o dispositivos desechables. Tal vez las bases contengan errores. Tal vez millones de asociaciones no correspondan al usuario real. Tal vez el sistema produzca más filtraciones que investigaciones exitosas.

Nada de eso impide que la política funcione en otro nivel. Puede funcionar como propaganda.

El gobierno podrá anunciar cuántos millones de líneas fueron vinculadas, mostrar porcentajes, presumir una plataforma, publicar fotografías de centros de atención, declarar que “se terminó el anonimato” y atribuirse una acción firme contra la delincuencia.

La existencia del mecanismo sustituirá la prueba de sus resultados.

Ésa es la máquina de simulación. No necesita producir seguridad. Necesita producir señales reconocibles de que el gobierno actúa: una ley, un padrón, un portal, una campaña, una fecha límite, una cifra ascendente, un funcionario frente a un micrófono, una nueva base de datos. El problema puede continuar intacto, incluso empeorar, mientras la respuesta resulte visible.

La simulación no significa que nada ocurra. Las consecuencias son reales: líneas suspendidas, ciudadanos sin acceso normal, empresas interrumpidas, datos filtrados, vigilancia ampliada. Lo simulado es la relación entre esas consecuencias y la finalidad declarada. Se produce actividad administrativa y se presenta como equivalente a resolver el problema.

Registrar no es investigar. Identificar al titular no es identificar al usuario. Vincular una CURP no es demostrar autoría. Suspender una línea no es desarticular una red criminal. Llenar una base no es producir justicia. Pero en el reporte oficial todas esas diferencias pueden desaparecer. La política habrá sido “implementada”, el ciudadano habrá sido “vinculado”, la autoridad habrá “cumplido”. Y si la extorsión continúa, la explicación aparecerá después: la delincuencia se adaptó, faltó cooperación, algunas personas evadieron el sistema, las empresas no hicieron su parte, la ciudadanía no denunció. Nunca faltará una causa externa para preservar la inocencia de la política.

La simulación institucional necesita estadísticas, pero no necesariamente verdad. Una línea asociada con un nombre cuenta. Una línea suspendida cuenta. Una vinculación obtenida mediante presión cuenta. Un empleado que prestó su identidad cuenta. Una empresa que improvisó registros para evitar el colapso cuenta. Todos aparecen en el mismo número: cumplimiento.

La cifra no distingue consentimiento de coerción, exactitud de conveniencia, usuario de titular, seguridad de obediencia. Pero la cifra luce limpia. Y una cifra limpia puede sostener una mentira durante mucho tiempo.

El gobierno mexicano tiene una relación antigua con esta clase de representación. Confunde presupuesto con servicio, programa con resultado, cobertura con calidad, carpeta con investigación, operativo con seguridad, elección con representación, consulta con consentimiento, padrón con verdad. La administración actual no inventó esa tradición; la heredó y la perfeccionó en ciertos aspectos. Recuperó además algo que el viejo régimen entendía muy bien: la importancia del relato oficial. No basta con ejercer poder. Hay que presentarlo como voluntad popular. No basta con imponer. Hay que describir la imposición como protección. No basta con exigir obediencia. Hay que llamar participación al cumplimiento.

Por eso no considero prudente juzgar esta medida únicamente por su eficacia declarada. Incluso una política inútil contra el crimen puede ser valiosa para el poder. Produce información, normaliza la identificación, construye infraestructura, establece precedentes, reduce espacios de anonimato, entrena a la población para aceptar que el acceso depende del registro, acostumbra a empresas privadas a ejecutar órdenes políticas y convierte bancos y plataformas en guardianes indirectos de cumplimiento.

Y, sobre todo, redefine la relación entre ciudadano y Estado. Ya no es la autoridad quien debe justificar por qué necesita conocer algo. Es el individuo quien debe justificar por qué desea conservarlo para sí.

La política puede fracasar completamente en su objetivo declarado y triunfar de manera extraordinaria en otro: hacer que la vigilancia parezca una obligación ordinaria de ciudadanía.

La conversión invertida

Como he expuesto antes: México no carece de instituciones. Carece de resultados. Tiene policías, fiscalías, tribunales, comisiones, sistemas, presupuestos, protocolos, unidades especializadas y oficinas diseñadas para atender prácticamente cualquier problema que pueda imaginarse. Tiene leyes para combatir la extorsión, proteger a las víctimas, perseguir delitos financieros, sancionar abusos de autoridad, proteger datos personales, garantizar la libertad de expresión y vigilar a quienes deberían vigilar.

La arquitectura existe. El problema aparece cuando se intenta convertirla en algo real.

Una denuncia no se convierte en investigación. Una investigación no se convierte en sentencia. Una sentencia no se convierte necesariamente en reparación. Un presupuesto no se convierte en seguridad. Una fiscalía no se convierte en justicia. Una comisión no se convierte en protección. Una reforma no se convierte en capacidad.

El Estado mexicano recibe cantidades inmensas de dinero, autoridad e información y devuelve una fracción miserable de los bienes públicos que promete producir. Ése es uno de los problemas centrales de la impunidad: la baja capacidad de conversión institucional.

Pero el registro telefónico revela que la incapacidad no es uniforme. Hay cosas que el Estado sí sabe convertir. Sabe convertir una obligación administrativa en una amenaza, la dependencia de los ciudadanos en cumplimiento, compañías privadas en ejecutoras de una orden política, aplicaciones bancarias en tableros de propaganda institucional, el acceso cotidiano a servicios en una palanca y una línea telefónica en un expediente.

Cuando se trata de encontrar al extorsionador, aparecen inmediatamente todas las limitaciones del aparato público: falta personal, coordinación, evidencia, acceso oportuno a la información; la carpeta está rezagada, la autoridad competente es otra, la plataforma no respondió, la llamada provenía de una identidad falsa, el teléfono era robado, el dinero ya fue retirado, la investigación no avanza. Pero cuando se trata de identificar a millones de ciudadanos aparece de pronto una extraordinaria capacidad de ejecución. Entonces sí existen fechas límite, campañas nacionales, mensajes repetidos, coordinación entre operadores, bancos y autoridades, amenazas con consecuencias automáticas y capacidad de suspender.

No pueden garantizar que una denuncia produzca justicia. Sí pueden garantizar que una línea deje de funcionar.

No pueden impedir que un grupo criminal utilice identidades falsas. Sí pueden impedir que una persona honesta utilice una identidad no vinculada. No pueden proteger a quien denuncia. Sí pueden castigar a quien no entrega sus datos.

No es una ausencia absoluta de capacidad. Es capacidad selectiva.

El Estado es débil frente a quienes pueden responderle con violencia, dinero, influencia o redes de protección. Es fuerte frente a quien conserva una cuenta bancaria, una dirección, un empleo, una familia, una línea telefónica y algo que perder. La autoridad no siempre se ejerce sobre quien representa el mayor peligro. Se ejerce sobre quien resulta más fácil de administrar.

Durante décadas se nos ha dicho que el problema del Estado mexicano es que “no puede”: no puede investigar, coordinarse, combatir al crimen, impedir la corrupción, controlar a sus policías o garantizar justicia. Pero esa descripción es incompleta. El Estado mexicano puede cobrar, multar, clausurar, negar permisos, bloquear cuentas, imponer plazos imposibles, transferir sus errores al ciudadano y convertir una incapacidad propia en una culpa ajena.

Eso no es debilidad. Es una forma específica de fortaleza. Una fortaleza que casi siempre apunta hacia abajo.

En una sociedad libre, el poder debería justificar cada invasión a la esfera privada. Debería demostrar que la medida es necesaria, idónea, proporcional, que existen controles, que los beneficios esperados superan los riesgos, que no hay alternativas menos intrusivas, que la información no podrá reutilizarse para otros fines y que quien abusa enfrentará consecuencias reales. Aquí ocurre lo contrario. El ciudadano debe justificar su negativa: por qué no quiere registrarse, qué teme, qué tiene que esconder, por qué desconfía.

La carga moral se invierte. El Estado, responsable de demasiadas filtraciones, abusos, espionaje y fallas de seguridad, no necesita demostrar que merece confianza. El ciudadano, que no ha cometido ningún delito, debe explicar por qué desea conservar una fracción de privacidad. El gobierno no está obligado a presentar resultados antes de ampliar sus facultades. Le basta con invocar un problema real: la extorsión existe, la violencia existe, el crimen organizado existe; por lo tanto, todos debemos volvernos más legibles.

La incapacidad estatal se transforma así en una fuente inagotable de poder. Cada fracaso justifica una nueva facultad, cada sistema exige más datos, cada base crea nuevos riesgos y cada riesgo genera otra regulación. Y cuando nada mejora, nunca se concluye que el control estaba mal diseñado. Se concluye que todavía no era suficiente.

La impunidad y la vigilancia no son opuestos. Pueden crecer juntas. La impunidad protege a quienes tienen recursos, conexiones y violencia para escapar del sistema. La vigilancia vuelve legibles a quienes todavía viven dentro de él. Un Estado puede ser casi ciego frente a las estructuras criminales y, al mismo tiempo, observar con atención a la población ordinaria: perder al asesino y conservar los metadatos de la víctima; ignorar al funcionario corrupto y registrar el número de quien lo denuncia.

No porque sea omnipotente. Porque sus capacidades no están distribuidas de manera neutral.

La fuerza del Estado rara vez cae con el mismo peso sobre todos. Los poderosos encuentran puertas, los criminales compran salidas, los funcionarios reservan expedientes, los ciudadanos llenan formularios. La impunidad es opacidad para quienes capturan el sistema. La transparencia es obligación para quienes deben obedecerlo.

Ésa no es una contradicción. Es el diseño.

La tercera factura

En otros textos he hablado de la doble factura de la impunidad. La primera es la oficial: pagamos impuestos para sostener policías, fiscalías, tribunales, sistemas penitenciarios, programas de prevención y estructuras administrativas que supuestamente garantizan seguridad y justicia. La segunda aparece porque la primera no funciona: pagamos cámaras, rejas, alarmas, seguros, guardias, sistemas de respaldo, transporte alternativo, rutas más largas, honorarios legales, pérdidas por fraude o robo, extorsiones, negocios cerrados, tiempo desperdiciado, miedo y silencio.

Pagamos al Estado para que produzca seguridad. Y después pagamos nuevamente para sobrevivir a su incapacidad de producirla.

El registro telefónico añade una tercera factura. Ahora también debemos pagar por administrar la sospecha que el propio Estado deposita sobre nosotros: investigar cómo conservar acceso al banco, revisar qué servicios dependen del número, respaldar cuentas, cambiar mecanismos de autenticación, acudir a sucursales, esperar en tiendas, entregar documentos, corregir errores, solicitar aclaraciones y aceptar el riesgo de filtraciones. Las empresas deben dedicar personal a registrar líneas; los operadores deben improvisar procedimientos; los empleados deben explicar políticas que no comprenden; los usuarios deben resolver incompatibilidades que nadie previó.

Y si algo sale mal, el costo vuelve a caer sobre la persona obligada. El gobierno diseña la política, la compañía ejecuta la suspensión, el banco degrada el acceso, la plataforma rechaza el número, el ciudadano absorbe la consecuencia y la autoridad conserva la facultad. Todos los demás pagamos su implementación.

El caso de las líneas empresariales muestra la perversidad completa de ese traslado. Una empresa legítima intenta cumplir; el operador no sabe cómo procesar correctamente su situación; el procedimiento falla; la solución improvisada consiste en utilizar identidades de terceros. Si el empresario acepta, alimenta el sistema con información engañosa. Si se niega, arriesga la continuidad de su operación. Si las líneas son suspendidas, pierde capacidad de trabajar. Si busca alternativas, paga nuevamente.

En ninguna etapa la institución que creó el problema asume el costo de haberlo creado.

Un gobierno puede imponer una obligación absurda porque no paga las horas perdidas frente a una ventanilla, el transporte, la reservación perdida, el código bancario que no llega, el negocio en riesgo, los módems que deben reconfigurarse o la posibilidad de que la información termine filtrada. Es muy fácil declarar razonable una política cuando todas sus fricciones serán absorbidas por otros. Y es todavía más fácil llamarla gratuita.

El trámite no tiene costo, dicen. Como si el tiempo, el riesgo y la pérdida de autonomía no tuvieran valor. Como si la obligación de reorganizar la propia vida alrededor de una decisión burocrática no fuera ya una forma de pago.

Nada es gratuito cuando se impone. Alguien absorbe el costo. Sólo que el gobierno prefiere no contarlo.

En manos de quién

Hasta aquí podría parecer que mi objeción es puramente abstracta: una discusión sobre privacidad, una diferencia ideológica respecto de cuánto debe saber el Estado, una resistencia casi estética frente a la creciente transparencia de la vida moderna. No lo es.

La pregunta no consiste solamente en determinar qué información puede revelar una infraestructura de identificación masiva. La pregunta verdaderamente importante es quién la controla y dentro de qué sistema termina circulando.

No evaluamos el riesgo de entregar estos datos a una institución imaginaria, poblada por funcionarios imparciales, controles eficaces y consecuencias reales para cada abuso. Hablamos del Estado mexicano: un aparato con fallas de seguridad, filtraciones, abusos, mercados de información personal y fronteras borrosas entre autoridad, partido, cacicazgo, empresa protegida y organización criminal, precisamente en los lugares donde la exposición resulta más peligrosa.

No hace falta creer que todos los funcionarios son criminales ni imaginar una oficina secreta dedicada a revisar cada crítica publicada contra el partido. El problema no requiere una conspiración perfecta. Requiere acceso suficiente: una consulta informal, una base mal protegida, una fiscalía capturada, una policía local o alguien con contactos para convertir un dato administrativo en presión concreta.

Los sistemas de vigilancia rara vez se vuelven peligrosos porque una sola persona pueda verlo todo. Se vuelven peligrosos porque demasiadas personas pueden ver suficiente.

En México, la comunicación crítica puede volverse peligrosa mucho antes de tocar intereses nacionales. Organizaciones como el CPJ y Reporteros Sin Fronteras siguen documentando asesinatos, amenazas, desapariciones e impunidad contra periodistas en el país, especialmente en contextos locales. Detrás de esa advertencia hay personas que investigaron a un funcionario local, documentaron un abuso, administraron una página de noticias municipales o publicaron información que alguien con poder prefirió mantener fuera de circulación. No todos dirigían grandes periódicos. No todos tenían audiencias nacionales. A veces basta con incomodar a la persona equivocada en el territorio equivocado.

La amenaza no proviene siempre del presidente de la República ni de una orden firmada en una oficina federal. Puede provenir de un alcalde, un comandante, un empresario con relaciones políticas, una corporación policial, un grupo criminal protegido localmente o alguien con suficiente impunidad para averiguar un domicilio y actuar después. La ausencia de una conspiración nacional no vuelve segura a la población. En un sistema fragmentado y opaco, puede bastar con que el poder central construya o tolere la infraestructura que otros utilizarán.

No necesito ser periodista de investigación para comprender esa amenaza. Ni siquiera necesito considerarme periodista. Escribo sobre sistemas, incentivos, instituciones y ficciones políticas. Durante mucho tiempo pensé que eso me colocaba fuera del territorio de riesgo: no revelo quién recibió un contrato, no identifico a un comandante, no publico fotografías de una red criminal, no acuso a una persona específica de ordenar un asesinato. Escribo ideas.

Pero una característica de los sistemas autoritarios es que terminan confundiendo la crítica de la estructura con una agresión personal contra quienes la administran. El partido se presenta como gobierno, el gobierno como pueblo, la crítica como ataque y el desacuerdo como sospecha de traición. No se prohíbe la crítica. Se modifica su costo.

No he recibido una amenaza directa que pueda demostrar. Eso debe decirse con claridad. No hay un atentado registrado en mi contra. No tengo pruebas de que una institución me vigile por lo que escribo. No sería honesto presentar una posibilidad como si fuera una persecución ya en curso.

Pero tampoco parto de una ignorancia completa sobre el funcionamiento de estos sistemas. Hace años impartí cursos y asesorías de seguridad informática. Parte de ese trabajo fue con personas vinculadas al activismo ambiental, quienes tenían razones reales para cuidar comunicaciones, identidades, dispositivos y rutinas. Aprendí entonces algo que ahora parece necesario recordar: la seguridad no comienza cuando aparece la amenaza. Si se espera hasta recibirla, normalmente ya se han entregado demasiadas piezas: la dirección, el número, los horarios, la cuenta principal, la lista de contactos, las fotografías, los lugares frecuentados, los dispositivos utilizados, las relaciones entre una identidad pública y una privada.

No se construye una mínima separación porque exista la certeza de estar siendo perseguido. Se construye porque resulta prudente impedir que cualquier conflicto futuro encuentre toda la vida de una persona organizada alrededor de un solo identificador.

También he recibido respuestas que no parecían discusiones ordinarias. No eran amenazas explícitas ni contenían una promesa verificable de daño, pero tenían ese tono particular de quien no intenta rebatir una idea, sino recordar que ciertas ideas pueden tener consecuencias. Tal vez sólo fueran fanatismo partidista o violencia verbal de internet. No sé quiénes eran ni qué capacidad tenían realmente. Precisamente por eso no conviene exagerar.

Pero tampoco conviene actuar como si el contexto mexicano no existiera. La evaluación del riesgo no funciona mediante certezas absolutas. Funciona observando vulnerabilidades, capacidades y consecuencias. La probabilidad de que alguien quiera hacerme daño por un ensayo puede ser pequeña. La consecuencia de haber unido innecesariamente mis publicaciones, mi número, mi domicilio, mis rutinas, mis cuentas y mi familia puede ser enorme. Cuando el costo de conservar cierta distancia es razonable, no necesito esperar a que alguien me demuestre sus intenciones.

En mi vida he conocido a personas golpeadas, detenidas arbitrariamente, amenazadas o privadas de su libertad por autoridades. Uno de mis maestros estuvo retenido durante días por policías. Intentó denunciarlo. Intentó recurrir a las instituciones encargadas de responder frente al abuso. No consiguió prácticamente nada. Ocurrió hace muchos años. Alguien podría decir que pertenece a otro México, al viejo régimen, al país anterior a la transformación prometida. No estoy convencido.

Han cambiado los colores, el vocabulario y las consignas. La maquinaria esencial permanece. El mismo monopolio conserva la facultad de detener, investigar, registrar, cobrar, vigilar y decidir qué versiones de los hechos merecen ser reconocidas. La administración actual no desmontó esa máquina. La ocupó. Recuperó además una parte del lenguaje moral del antiguo régimen: la identificación entre partido, Estado y voluntad popular, la reducción de la crítica a una forma de deslealtad y la creación de un relato oficial donde los resultados importan menos que la capacidad de afirmar que la transformación ya ocurrió.

Tomaron una maquinaria de simulación construida durante décadas y la cubrieron con una ideología vagamente progresista. El resultado no es menos autoritario porque utilice un vocabulario de izquierda. La coerción no se vuelve solidaridad porque el funcionario la anuncie en nombre del pueblo. La vigilancia no se convierte en justicia social porque el registro aparezca acompañado por una campaña contra la extorsión. El monopolio sigue siendo monopolio. El garrote sigue siendo garrote, aunque lo pinten del color correcto.

Por eso me resulta ofensivo que se me pida confianza. La confianza pertenece a las relaciones voluntarias. Se construye mediante reputación, límites, reciprocidad y la posibilidad de retirarse. No puede ser decretada, no aparece porque una ley afirme que los datos estarán seguros y no nace porque un funcionario prometa que sólo se utilizarán contra criminales. Mucho menos puede exigirse bajo amenaza de desconexión.

“Confía en nosotros o perderás la línea” no es una invitación a confiar. Es la confesión de que la confianza resulta innecesaria cuando se posee suficiente poder.

La situación es aún más grave porque los metadatos no son residuos inocentes. El contenido cifrado de una comunicación puede permanecer oculto y, aun así, una parte considerable de la vida quedar expuesta mediante patrones: horarios, zonas, frecuencia, duración, servicios utilizados, cambios de hábito, cuentas que aparecen antes o después de una publicación, dispositivos que viajan juntos, conexiones persistentes. No hace falta conocer cada palabra para producir una hipótesis sobre una vida, y no hace falta que esa hipótesis sea perfecta para causar daño. Puede bastar para identificar a una persona, confirmar un domicilio, localizar un lugar de trabajo, reconocer una rutina, establecer qué familiar viaja con ella o decidir dónde presionar.

La vigilancia no necesita entregar una verdad judicial. A veces sólo necesita producir una pista para alguien que no está interesado en acudir ante un juez.

Ésa es una diferencia fundamental entre el uso legítimo de información en una investigación y su disponibilidad dentro de un sistema capturado. En una investigación sometida a controles, una autoridad debería justificar por qué necesita determinados datos, limitar el alcance de la solicitud, documentar el acceso y responder si abusa. En un sistema de impunidad, importan también los accesos materiales: quién puede obtener una consulta informal, comprar una base filtrada, controlar una policía municipal, llamar a un contacto en la compañía o disfrazar una búsqueda política como una investigación legítima.

El derecho escrito no describe por sí solo el poder real. Ésa es una de las grandes ficciones de nuestra democracia de simulación: suponer que una facultad se comportará según el propósito con el que fue redactada. En el papel, el sistema persigue extorsionadores. En la práctica, construye una herramienta. Y las herramientas terminan en manos de quienes tienen acceso a ellas.

No sostengo que el registro telefónico vaya a provocar automáticamente una nueva ola de persecución política. No necesito sostenerlo. La objeción es anterior. Un gobierno no debe recibir una capacidad invasiva sólo porque todavía no se ha demostrado cada abuso futuro que podría cometer con ella.

La carga de la prueba debería estar del lado del poder. Quien exige datos debe demostrar necesidad; quien concentra información debe demostrar seguridad; quien reduce el anonimato debe demostrar resultados; quien pide confianza debe demostrar que castiga a quienes la traicionan. El Estado mexicano no ha demostrado ninguna de esas cosas. Ha demostrado lo contrario demasiadas veces: los datos se filtran, los abusos quedan impunes, las víctimas cargan con la investigación, las autoridades pueden convertirse en agresoras, una denuncia no garantiza protección y una promesa institucional puede convivir perfectamente con una familia esperando respuestas.

Y aun así pretende que el miedo relevante sea únicamente el miedo al delincuente que llama por teléfono. Como si el poder público no pudiera ser también una amenaza. Como si la historia mexicana no estuviera llena de razones para desconfiar. Como si el ciudadano tuviera la obligación moral de olvidar.

La desconfianza no apareció de la nada. La produjeron ellos.

El derecho a la opacidad

Mi resistencia no nace de una fantasía de invisibilidad. Sé que mi blog no es verdaderamente anónimo. No pretendo que lo sea. Cualquier persona con suficiente interés probablemente podría relacionar el seudónimo con mi identidad.

D-503 no es una guarida clandestina. Es una capa. Una distancia mínima. Una forma de permitir que la idea aparezca antes que el expediente civil de quien la escribió.

No busco volverme imposible de encontrar. Busco impedir que encontrarme sea trivial.

Esa fricción importa. Obliga a quien desea cruzar la distancia entre un texto y una persona a invertir esfuerzo, justificar interés, cometer errores o dejar rastros. La privacidad absoluta quizá sea imposible. La privacidad parcial sigue siendo valiosa. Una puerta que puede abrirse no es idéntica a una casa sin paredes. Y el hecho de que el Estado pueda identificarme mediante una investigación legítima no significa que deba entregarle anticipadamente una correlación permanente de mi vida.

No soy un criminal que exige impunidad. Soy un ciudadano que exige límites.

No quiero esconder lo que pienso. Quiero conservar a mi familia fuera del alcance inmediato de las consecuencias que pueda producir lo que pienso. Quiero poder criticar un sistema sin convertir automáticamente a mi domicilio, mis horarios, mis cuentas y mis relaciones en anexos del texto. Quiero que exista una diferencia entre publicar una idea y entregar un mapa.

Eso debería ser normal. No debería requerir conocimientos de seguridad informática ni llevar a una persona que escribe sobre instituciones a preguntarse desde qué red resulta prudente publicar. No debería convertir una libertad constitucional en un ejercicio de análisis de amenazas.

Pero las puertas no existen únicamente para ocultar delitos. Existen para dormir, conversar, pensar, cambiar de opinión, atravesar una crisis sin convertirla en espectáculo, criar a un hijo, escribir una idea todavía incompleta. También sirven en la dirección contraria: no sólo impiden que otros nos observen, también permiten dejar de observarlos nosotros. Cerrar una puerta significa dejar de ser visto, pero también dejar de ver, de escuchar cada conflicto, de recibir cada gesto, de interpretar continuamente qué hacen, qué sienten o qué esperan quienes nos rodean.

Sospecho que esa separación cumple una función elemental para la mente humana. Necesitamos espacios donde la vigilancia recíproca se detenga, donde no sea necesario administrar la expresión, anticipar juicios, responder estímulos ni sostener una identidad frente a una audiencia. Un lugar donde bajar la guardia no sea una imprudencia. Una sociedad sin privacidad no sólo obliga a todos a vivir frente a una ventana. Obliga también a todos a mirar por ella.

Orwell entendió bien esta parte de la opresión. El poder de INGSOC no depende únicamente de que el Partido pueda observar al individuo mediante la telepantalla. Depende de que la presencia del Partido nunca desaparezca por completo de la habitación, de la conversación ni de la conciencia. El ciudadano no sabe cuándo está siendo observado y por eso debe comportarse siempre como si lo estuviera. La vigilancia termina instalándose dentro de la propia mente.

Nuestra situación no es idéntica. En 1984, la telepantalla es estatal, explícita e impuesta. Nadie colocó por la fuerza una en cada hogar contemporáneo. Ocurrió algo más ambiguo: nosotros mismos adquirimos el aparato, lo llevamos en el bolsillo, dormimos junto a él y organizamos alrededor de él casi toda la vida ordinaria. Es teléfono, mapa, cámara, banco, archivo, agenda, medio de trabajo, entretenimiento, memoria familiar y canal de conversación. Por eso resulta tan difícil abandonarlo.

La infraestructura de observación se volvió indispensable antes de que el Estado reclamara una relación más directa con la identidad de quien la utiliza. Y, en apariencia, todo fue voluntario. Una aplicación evitaba una fila. Una ubicación compartida facilitaba encontrarnos. Un número simplificaba la recuperación de una cuenta. Una cámara conservaba momentos familiares. Un pago desde el teléfono ahorraba tiempo. Ninguna decisión aislada parecía entregar demasiado. La concentración apareció como resultado de miles de conveniencias pequeñas.

No afirmo que empresas y gobiernos diseñaran desde el principio un plan coordinado para producir esa dependencia. No necesito atribuir intención donde basta observar el resultado. El teléfono se volvió primero útil, después habitual y finalmente indispensable. Cuando llega la obligación de vincularlo con una identidad civil, el ciudadano conserva formalmente la opción de negarse. Pero ya no está renunciando a un aparato. Está renunciando a una parte considerable de la infraestructura mediante la cual organiza su vida. La conveniencia no cancela la coerción posterior. La prepara.

Ésa es precisamente una de las victorias silenciosas del autoritarismo. No necesita prohibir la palabra. Le basta con obligarnos a calcularla. Cada frase pasa primero por una pequeña evaluación: ¿vale la pena?, ¿quién podría leerla?, ¿quién podría molestarse?, ¿qué cuenta estoy usando?, ¿desde qué conexión?, ¿qué información sobre mi familia queda cerca? Nadie me ha censurado. Sólo me han enseñado a censurarme antes. Y luego llaman libertad al silencio que queda.

La palabra opacidad suele utilizarse como acusación. Una institución es opaca cuando oculta contratos, riesgos, criterios o decisiones. En esos casos, la opacidad protege a quien ejerce poder sobre otros. Pero existe otra forma de opacidad: la del individuo frente al poder, la del ciudadano que no desea que cada aspecto de su vida quede inmediatamente disponible para instituciones que no puede elegir, auditar ni abandonar. Ésa no es la opacidad del funcionario que esconde lo que hace con dinero ajeno. Es la opacidad de quien intenta impedir que el poder convierta toda su existencia en información administrable.

Confundir ambas cosas es otra de las trampas del lenguaje político contemporáneo. El Estado exige transparencia al ciudadano mientras conserva secretos para sí. El ciudadano debe demostrar quién es, dónde vive, qué número utiliza y bajo qué identidad participa. La autoridad puede reservar documentos, negar expedientes, ocultar criterios, contratar proveedores opacos y responder mediante formularios automáticos. La transparencia fluye en una sola dirección: hacia arriba. Nunca de regreso.

La privacidad no consiste en no existir ni en cometer actos sin consecuencias. Consiste en limitar la capacidad de otros para observar, correlacionar y reutilizar información fuera del contexto en que fue entregada. Cuando doy un domicilio a una empresa para instalar internet, no autorizo que esa dirección se vincule automáticamente con cada texto que publico. Cuando entrego mi identidad a un banco, no concedo al gobierno una licencia moral para relacionar esa cuenta con mis hábitos, mis amistades y mis opiniones. Cuando utilizo una plataforma, no acepto que el número telefónico se convierta en un identificador universal capaz de unir comunicaciones, movimientos, pagos y rutinas.

Cada relación debería conservar límites. Cada dato debería tener un propósito. Cada institución debería conocer únicamente lo necesario para cumplir la función concreta que justificó el acceso. Eso es compartimentación. No es paranoia. Es una forma elemental de seguridad. Ninguna persona prudente entrega toda su vida a un único punto de acceso. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que hemos construido alrededor del teléfono: una llave para el banco, el trabajo, la comunicación y la recuperación de otras cuentas. Ahora el gobierno pretende reclamar también la llave maestra.

El anonimato y el seudonimato han sido esenciales para la libertad de expresión mucho antes de internet. Las personas han publicado bajo otros nombres para evitar persecución política, prejuicios sociales, represalias laborales, violencia familiar o censura religiosa; también para permitir que el texto fuera juzgado antes que el apellido, el sexo, la clase social o la posición institucional de quien lo escribió. Un seudónimo no siempre busca engañar. A veces busca ordenar la relación entre la obra y la persona. D-503 funciona así para mí: no es una identidad secreta ni está diseñada para resistir una investigación especializada. Es una demora mínima para que el lector encuentre primero el argumento y sólo después, si realmente le interesa, a quien lo formuló.

Esa pequeña demora importa porque introduce un costo antes de convertir una opinión en expediente. Sin esa distancia, cada frase queda unida de inmediato a nombre, domicilio, familia, trabajo y medios económicos, y el discurso empieza a encogerse antes de que aparezca una prohibición explícita.

Por eso no basta responder que “de todos modos pueden encontrarte”. Claro que pueden. Pero existe una diferencia enorme entre hacerlo mediante una investigación concreta y disponer de una infraestructura que vuelve trivial la correlación. La diferencia entre una casa con cerradura y una casa sin puerta no desaparece porque ambas puedan ser abiertas. La cerradura no garantiza invulnerabilidad. Introduce un costo, obliga a decidir, deja rastros, distingue el acceso legítimo de la intrusión.

La información no permanece neutral dentro de una base. Se convierte en capacidad. Una lista de domicilios puede servir para entregar apoyos o para localizar opositores. Un padrón de vehículos puede ayudar a encontrar un automóvil robado o a reconstruir desplazamientos. Un registro telefónico puede contribuir a una investigación legítima o reducir el costo de identificar a un crítico. La misma infraestructura admite usos distintos porque la moral no reside en la herramienta. Reside en las instituciones que la operan, los controles que las limitan y las consecuencias que enfrentan cuando abusan.

Y ése es precisamente el punto donde México fracasa. No tenemos un Estado que castigue sistemáticamente a quien utiliza información pública para fines privados. No tenemos fiscalías capaces de investigar con independencia a sus propios integrantes. No tenemos mecanismos sólidos para conocer quién consultó una base, con qué motivo y qué hizo después con la información. No tenemos una cultura institucional donde el abuso de datos produzca consecuencias rápidas y previsibles. Tenemos impunidad. Y la impunidad transforma cada capacidad legítima en una posibilidad de extracción.

Sujeto cautivo

El anarcocapitalismo suele ser caricaturizado como una defensa ingenua de empresas poderosas frente al Estado. Mi objeción parte precisamente de lo contrario. Desconfío de cualquier concentración de poder que no pueda abandonarse.

Una empresa puede abusar, mentir, filtrar datos o imponer condiciones injustas. Pero, al menos en principio, una relación comercial debería depender del consentimiento y enfrentar la posibilidad de perder al cliente, ser demandada, quebrar o ser sustituida por un competidor.

El Estado elimina esa posibilidad. Escribe la regla, define la obligación, selecciona a los ejecutores, amenaza con la sanción y controla el marco de apelación.

No existe una salida equivalente. No puedo escoger otro gobierno que reconozca mi línea sin exigir el registro, contratar una jurisdicción distinta para proteger mi privacidad ni rechazar el contrato y seguir usando una alternativa bajo las mismas condiciones materiales.

La relación no es voluntaria. Por eso resulta ofensivo tratarla como si fuera un intercambio ordinario de datos entre proveedor y cliente.

No soy el cliente del Estado. Soy su sujeto cautivo.

Y el Estado no necesita mi confianza mientras conserve la capacidad de castigar mi negativa.

El fenómeno tampoco es exclusivamente mexicano. Sin buscar hilos rojos en un tablero de corcho, puede observarse una convergencia más sobria: en el Reino Unido y en la Unión Europea se han desarrollado, probado o propuesto mecanismos de comprobación de edad e identidad para acceder a ciertos contenidos o servicios digitales. Las finalidades y los diseños no son idénticos al registro mexicano de líneas telefónicas. Proteger a menores frente a contenidos perjudiciales no equivale a registrar teléfonos bajo la promesa de combatir la extorsión, y algunos sistemas intentan acreditar sólo un atributo, por ejemplo ser mayor de edad, sin revelar toda la identidad. Sería deshonesto borrar esas diferencias.

Pero también sería ingenuo ignorar el movimiento común. Ante problemas distintos, gobiernos distintos están llegando a una solución semejante: convertir la identidad, o alguno de sus atributos, en credencial para atravesar una puerta digital. Hoy se solicita comprobar la edad para ver cierto contenido; en otro lugar se exige asociar un nombre con una línea telefónica. Cambian la justificación y el mecanismo, pero permanece la misma transformación: el acceso deja de depender solamente del contrato entre usuario y servicio y comienza a depender de una identidad verificable dentro de una infraestructura aprobada por el Estado.

No necesito imaginar una conspiración internacional para encontrar preocupante ese movimiento. Las burocracias no necesitan reunirse en secreto cuando comparten los mismos incentivos. Cada una encuentra una amenaza real, promete administrarla mediante una nueva capa de identificación y presenta la herramienta como una excepción limitada. Después la infraestructura permanece, aprende a acreditar nuevos atributos y encuentra otros usos.

Que medidas de esta familia existan también en democracias europeas no las vuelve automáticamente legítimas. Al contrario: demuestra que la búsqueda del ciudadano legible no pertenece únicamente a gobiernos abiertamente autoritarios o institucionalmente fracasados. Puede avanzar bajo el lenguaje de la seguridad, la protección infantil, la comodidad y la inclusión digital. Y precisamente porque algunas de esas finalidades son razonables, resulta todavía más difícil discutir los poderes que se construyen en su nombre.

Las facultades no existen en el vacío. Se insertan dentro de una cultura política, una historia y relaciones de poder concretas. En México, la historia aconseja desconfiar especialmente de cualquier instrumento que prometa seguridad a cambio de volver más legible a la población. No porque todo funcionario planee abusar. Porque demasiados podrían hacerlo sin enfrentar consecuencias.

El derecho a la opacidad tampoco significa retirarse de la sociedad. No quiero prescindir de bancos, plataformas, telecomunicaciones, herramientas digitales, espacio público ni relaciones contractuales. Quiero que la participación no implique desnudez: contratar un servicio sin autorizar un perfil total, usar un banco sin aceptar que mi número funcione como puente hacia cada aspecto de mi vida, escribir bajo un nombre editorial sin que el Estado interprete esa pequeña separación como una conducta sospechosa.

Quiero conservar la posibilidad de moverme entre contextos: padre, autor, cliente, amigo, ciudadano. No porque esas identidades sean falsas, sino porque ninguna persona cabe por completo en una sola base de datos. La transparencia absoluta destruye los contextos. Reduce a la persona a un expediente continuo: el mismo nombre, el mismo número, el mismo dispositivo, todo conectado, todo consultable, todo disponible para quien tenga acceso suficiente.

Eso no es seguridad. Es vulnerabilidad centralizada.

Tal vez el gobierno logre obligar a millones de personas a vincular sus líneas, suspenda a quienes no lo hagan y publique cifras impresionantes. Tal vez algunos delitos puedan investigarse con mayor facilidad, la extorsión continúe igual, aparezcan registros falsos, errores, identidades robadas y bases filtradas, y dentro de algunos años nadie recuerde la promesa original.

Pero la infraestructura permanecerá. Las políticas temporales tienden a convertirse en sistemas permanentes. Los datos recopilados rara vez regresan al ciudadano. Las facultades extraordinarias casi nunca se reducen voluntariamente. Una base creada para un propósito encuentra después otro. Una medida contra la extorsión puede terminar enlazada con servicios financieros, plataformas y controles administrativos que todavía no existen. No porque cada etapa haya sido planeada desde el principio, sino porque una capacidad disponible ejerce su propia atracción.

Si la herramienta existe, alguien encontrará una razón para usarla.

No quiero clandestinidad

No quiero convertirme en clandestino para poder criticar al gobierno. No quiero aprender a ocultar cada publicación como si estuviera cometiendo un delito. No quiero que mi esposa, mi hijo, mis amigos o mis clientes queden arrastrados hacia una discusión política porque mi vida fue unida alrededor de un número. No quiero tener que elegir entre expresarme y proteger mis medios de subsistencia. No quiero que hablar con libertad requiera técnicas que antes enseñaba a personas realmente amenazadas.

Y, sin embargo, aquí estoy. Pensando desde qué conexión publicar, qué cuentas separar, qué números conservar, qué servicios podrían dejar de funcionar, qué datos ya entregué, qué parte de mi vida puede reconstruirse a partir de ellos.

Ésta es la victoria más obscena de la política. No me ha encarcelado. No me ha censurado. No ha retirado este texto. Me ha obligado a pensar como alguien que podría necesitar esconderse.

Quizá nada ocurra. Quizá publique esta entrada y sólo reciba insultos. Quizá el registro termine siendo otra base mal construida, llena de errores y prácticamente inútil. Quizá la campaña desaparezca de la conversación pública después del primer informe triunfal. Ojalá.

Pero la libertad no debería depender de que el poder decida no utilizar las capacidades que construimos para él. Los límites existen precisamente porque no podemos garantizar quién gobernará mañana, qué crisis será invocada después ni qué funcionario tendrá acceso a una herramienta creada hoy. La privacidad no se defiende únicamente cuando existe una persecución demostrada. Se defiende antes, cuando todavía parece exagerado, cuando todavía resulta incómoda, cuando todavía se puede evitar que una excepción se convierta en costumbre. Esperar a que el abuso sea visible significa aceptar que alguien tendrá que convertirse primero en víctima.

No sé qué ocurrirá con mi línea. No sé si el gobierno cumplirá exactamente su amenaza. No sé cuántos servicios dejarán de operar normalmente. No sé si tendré que reorganizar parte de mi vida digital alrededor de esta política.

Lo que sí sé es que no voy a llamar consentimiento a lo que obtuvieron mediante coerción. No voy a llamar seguridad a una infraestructura que identifica mejor al ciudadano estable que al delincuente evasivo. No voy a llamar modernización a la concentración de datos dentro de instituciones incapaces de protegerlos. No voy a llamar protección a una amenaza transmitida por bancos y compañías telefónicas. No voy a fingir confianza para que mi desconfianza parezca menos incómoda.

El gobierno exige transparencia. Yo exijo límites.

El gobierno exige identificación. Yo exijo justificación.

El gobierno exige obediencia. Yo conservo el derecho a decir que no, incluso cuando hayan hecho materialmente costoso ejercerlo.

En la primera búsqueda, el Estado quería volver transparente al ciudadano. En la segunda, descubre cómo castigarlo cuando se niega. Y esa diferencia importa.

Porque un Estado que necesita amenazar para obtener confianza ya ha confesado que no la merece.

Fuentes y referencias

• Diario Oficial de la Federación — Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles
• Comisión Reguladora de Telecomunicaciones — Registra tu línea
• Comisión Reguladora de Telecomunicaciones — Normatividad
• Ofcom — Age checks to protect children online
• Comisión Europea — Age-verification blueprint
• Comisión Europea — EU Digital Identity Wallet Pilot implementation
• Committee to Protect Journalists — Mexican journalist under federal protection shot dead
• Reporteros Sin Fronteras — México
• George Orwell, Nineteen Eighty-Four / 1984.