La paz bajo construcción
Hay unas lonas por todo Cuautla que dicen que la paz está bajo construcción. O algo parecido.
A estas alturas algunas están tan deslavadas y rotas que cuesta recordar exactamente qué decían. Plan Cuautla todavía se alcanza a leer. Lo demás se lo fueron comiendo el sol, la lluvia, el polvo y esa capacidad particular de mi ciudad para volver basura casi cualquier intento de embellecerla. Durante unos días estuvieron nuevas, colgadas en avenidas, bardas, postes, puentes, donde hubiera espacio. No es sólo mi impresión: a mediados de septiembre EL PAÍS describió Cuautla como una ciudad tapizada de propaganda del plan y publicó la fotografía de uno de esos anuncios.[^1]
Ahora algunas cuelgan chuecas y otras están rasgadas. El gobierno pudo llenar la ciudad de anuncios de seguridad; mientras tanto, los vecinos seguimos recogiendo basura frente a nuestras casas, limpiando ciertos espacios y aprendiendo qué calles conviene evitar, a qué hora cerrar, qué negocio parece haber cambiado de dueño, dónde se escucharon disparos anoche y qué clase de vehículo es mejor no mirar demasiado cuando pasa despacio.
No diría que el Plan Cuautla fracasó. Desde aquí, simplemente no parece estar funcionando. O todavía no en el sentido en que yo entendería que una política de seguridad funciona.
Todo había empezado antes de las lonas. El 30 de mayo detuvieron al entonces presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, dentro de Operación Enjambre. Días después fue vinculado a proceso por delincuencia organizada vinculada a delitos contra la salud, según la información pública localizada. Su proceso sigue siendo eso: un proceso.[^2]
Para quienes vivimos aquí, la noticia traía encima otra historia. Durante años habíamos vivido y escuchado de extorsión, amenazas, negocios cerrados, corrupción y relaciones entre autoridades y grupos criminales. Algunas cosas eran rumores, otras acababan apareciendo en una investigación periodística y otras las conocíamos porque le habían pasado a amigos, vecinos o a nosotros mismos. Entonces detienen al alcalde y uno piensa: bueno, ¿ahora qué?
El gobierno municipal continuó. Salvador Molina Martínez, suplente de Corona en la fórmula electoral, asumió la presidencia el 30 de junio. Dijo a El Universal que autoridades federales lo habían investigado antes y no encontraron ningún “foco rojo”. No he visto un documento público que explique el alcance de esa investigación o permita revisarla.[^3]
Puede ser cierto. Igual queda la pregunta: ¿qué cambió? Cambiar al hombre sentado en una oficina es sencillo. Las relaciones que rodeaban esa oficina, las lealtades, los intereses, los contratistas, quienes saben quién cobra a quién y a quién llaman cuando hay problemas, no se evaporan necesariamente porque una patrulla federal se lleve al presidente municipal. Molina no era una figura ajena a la administración anterior: había sido director del COPLADEMUN durante el gobierno de Corona y además era su suplente en la fórmula electoral. Eso no demuestra continuidad criminal alguna, pero tampoco permite tratar el relevo como una ruptura completa.
Luego apareció el Plan Cuautla, aunque en realidad no llegó un solo día. Fue apareciendo entre anuncios, mesas de coordinación, retenes, patrullajes, perímetros y un despliegue cada vez más visible. A finales de julio, el gobierno federal habló de 394 elementos y 79 unidades en 14 colonias prioritarias, con participación de Guardia Nacional, Defensa, Marina, autoridades estatales y policía municipal. La promesa era inhibir homicidios, extorsión y cobro de piso.[^4]
Para septiembre, el balance oficial hablaba de 119 detenidos, 60 cateos y 28 mil 231 acciones. También había jornadas de bienestar y recuperación de espacios. Hay policías y militares, retenes, cateos, reuniones y cifras. Se pasean en fila las unidades llenas de uniformados por las avenidas principales durante el día, cuando todos los ven, todos en fila. Hay unas pinches lonas por todos lados.[^5]
El asunto es qué significa todo eso. Los indicadores con los que una administración presume éxito suelen medir lo que ella misma hizo: cuánta gente desplegó, cuántos operativos realizó, cuántas personas detuvo. Son datos reales. Pero yo no vivo dentro de una tabla de Excel. Vivimos aquí.
Mi medida de seguridad es mucho más vulgar. Quiero saber si alguien puede abrir un negocio sin pagarle una segunda tributación a un adolescente con pistola; si, después de invertir veinte años de vida en una tienda, puede conservarla; si un taxista trabaja sin pedir permiso a alguien que oficialmente no existe; si denunciar sirve para algo o sólo consigue que alguien se entere de quién denunció. Quiero saber si puedes mandar a un muchacho a trabajar, caminar hasta la tienda o tomar una combi sin reorganizar mentalmente el trayecto alrededor de la posibilidad de que algo salga mal.
Puede haber cuatrocientos policías y no haber seguridad; podría haber cuatro mil. No sé cuál sea el número mágico. Sé que cuando uno modifica la vida cotidiana alrededor de la violencia, esa violencia ya está gobernando algo, aunque no aparezca en el organigrama. Y si dos mil policías son la respuesta ¿por cuánto tiempo? ¿Qué pasa cuando tengan que regresar a sus casas?
Hace años todavía podíamos hablar de estas cosas como eventos: pasó algo en tal colonia, mataron a alguien en tal lugar, cerró un negocio. Después dejan de sentirse como eventos y empiezan a convertirse en el clima. Un policía fue asesinado prácticamente frente a mi negocio. He escuchado ráfagas de armas automáticas desde mi casa, explosiones, incendios. Conozco historias de comerciantes que pagaron piso hasta que ya no pudieron pagar, de personas que cerraron, se fueron o entregaron prácticamente sus negocios a quienes las extorsionaban. También sé de personas que sufrieron destinos y experiencias mucho más violentos y trágicos.
Hay lugares cerca de mi casa donde podría comprar ciertas cosas y prefiero caminar varias cuadras más. Nadie tiene una aplicación que le avise a qué comercio entrar. He oído de negocios que dejaron de anunciarse en Google Maps porque, según ellos, era básicamente un menú para extorsionadores telefónicos. Así se aprende a vivir cuando demasiadas decisiones dependen de rumores, advertencias, conocidos y movimientos extraños, de cosas que uno no puede demostrar del todo pero que el barrio parece saber. Mucho de lo que modifica nuestras decisiones nunca llegará a una carpeta. Desde afuera, entonces, no existe.
Conozco el arco de seguridad de Cuautla, cargado de cámaras, pero no veo una red pública comparable distribuida por los barrios. El primer arco se inauguró en septiembre de 2025 y el proyecto, impulsado durante la administración de Jesús Corona, contemplaba cinco arcos con lectores de placas y seis postes, conectados al C2 municipal y al C5 estatal; no sé cuántos quedaron operando ni cuántas cámaras concentra cada uno.[^6] Vecinos han intentado organizar cámaras propias y sé de un sistema cercano que fue retirado. Oficialmente, el 25 de agosto de 2026 se retiraron seis dispositivos en vía pública que el ayuntamiento no reconocía ni estaban integrados al sistema de videovigilancia. El Estado también mantiene una política de retiro de las llamadas “cámaras parásitas”.[^7]
En esas conversaciones empezaron a aparecer los muchachos. Al principio ni siquiera pensaba en hombres y mujeres. Pensaba en crimen. Pero una y otra vez terminábamos hablando de hombres muy jóvenes: el que apareció muerto, el que comenzó a juntarse con cierta gente, el que sirve para cobrar, el que desapareció, el que de repente trae dinero y el que ya no está.
Un vecino me hablaba de lo difícil que se ha vuelto encontrar ayudantes jóvenes que aprendan un oficio y permanezcan en él. Lo he visto buscando ayudantes, lo he escuchado de gente de construcción, transporte, educación y lo vi cuando tuve mi negocio. Sería demasiado fácil sacar de allí el sermón de que los jóvenes ya no quieren trabajar ni estudiar. Me queda más bien la inquietud de qué les estamos ofreciendo para llegar a ser hombres adultos.
Un oficio es lento. Hay que levantarse temprano, ganar poco al principio, aprender a hacer algo mal antes de hacerlo bien y aguantar a quien sabe más. En cambio, la otra economía se presenta como una ruta visible y rápida: hay dinero, un grupo, alguien que te llama, algo que parece respeto. Tal vez dure seis meses; tal vez menos. A los dieciséis años, seis meses pueden parecer una vida entera. Cuando familia, escuela, oficio y trabajo no alcanzan a dibujar un camino, alguien más lo dibuja por ellos, aunque los lleve a otra parte.
Por eso nunca pude ver el Plan Cuautla sólo como un problema policial. Quiero que arresten extorsionadores (y a sus colaboradores) y encuentren armas. Pero el crimen que estamos viendo no apareció porque faltaran 394 policías y no se va a resolver al llegar a 400. Se metió en comercios, transporte y familias, en la vida de muchachos que todavía deberían estar averiguando qué hacer con la suya.
Los que no contamos
La noche del asesinato de Claudia Tacoronte yo seguía pensando en Cuautla en esos términos: el Plan, las lonas, los negocios cerrados, la cantidad de policías que caben sobre una avenida sin que por eso la ciudad sea más segura, la distancia entre lo que el gobierno puede mostrar y lo que altera la vida de quienes vivimos aquí.
Entonces comenzó a circular que había pasado algo cerca de la Casa de Cultura; necesitaban ayuda urgente. En Cuautla estas noticias llegan primero de una forma desordenada: grupos de Facebook y WhatsApp, mensajes, llamadas, videos, alguien que conoce a alguien que estaba ahí, una fotografía que todavía no sabes exactamente qué estás viendo. Por personas cercanas relacionadas con ese espacio, la noticia entró en mi conversación antes de que hubiera una versión pública consolidada.
Primero era una muchacha joven atacada. Después supimos que había muerto. Luego que era estudiante de la UAEM y, finalmente, que era española y estaba de intercambio. En cuanto apareció ese último dato pensé algo que entonces me pareció obvio: esto no iba a pasar desapercibido.
Pensé: ¿qué pasaría si todas las víctimas recibieran la quinta parte de la atención mediática (y, por consecuencia, de las autoridades) que recibió Claudia? Para entonces había conocido demasiadas historias que sobrevivían unas horas fuera del círculo inmediato de la víctima. Un asesinato podía ocupar una nota local, unas publicaciones de Facebook, quizá un comunicado, y hundirse debajo del siguiente asesinato. Había personas cuya muerte trastornaba una familia, una calle o un negocio y que, fuera de ahí, prácticamente nunca habían existido.
Claudia era joven, estudiante, europea; estaba en México durante un intercambio y participaba en una actividad cultural. Era mujer. Resultaba difícil que su muerte se quedara en Cuautla. En poco tiempo intervinieron la UAEM, la Universidad de Granada, autoridades de Morelos, funcionarios federales y el gobierno español. Hubo homenajes, protestas y cobertura nacional e internacional.
Aquello me impresionó porque una muerte en Cuautla, por fin, parecía importar de verdad. Había atención y seguimiento, universidades preguntando, funcionarios hablando del caso, periodistas que querían saber quién era Claudia, de dónde venía y qué ocurrió. Es la respuesta que uno querría cuando alguien es asesinado. También había visto demasiados casos en los que nada parecido sucedía. La pregunta cambió un poco allí: ¿qué necesita una víctima para atravesar las capas de indiferencia que rodean la violencia en Morelos?
Tras el asesinato de Claudia, distintos medios comenzaron a agrupar su caso con los de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes: cuatro estudiantes vinculadas a la UAEM cuyos casos habían ocurrido desde febrero de ese año.[^8]
Cuatro alumnas: ésa era una cifra que se podía entender de inmediato. Ya había nombres, fotografías, comunicados y una categoría capaz de reunirlas. Entonces hice una pregunta que al principio no tenía intención política: ¿por qué ese periodo de tiempo tan particular? Y, sobre todo, ¿cuántos alumnos hombres habían sido asesinados o desaparecidos durante el mismo periodo?
Supuse que encontraría la respuesta en unos minutos de investigación pero no apareció nada claro. Busqué una cifra equivalente, notas que reunieran los casos masculinos, un conteo institucional. Quizá buscaba mal; quizá no había casos comparables; quizá la universidad tenía una distribución de riesgo muy distinta a la del resto del estado. Todo eso seguía siendo posible.
Fuera de la universidad, los hombres concentran cerca de nueve de cada diez homicidios registrados en Morelos; en algunos años recientes la relación se ha acercado a once hombres por cada mujer.[^9] Eso no autoriza a trasladar esa proporción a una universidad, pero sí vuelve más extraña la ausencia de un conteo equivalente de alumnos. Una universidad no reproduce necesariamente la exposición de todo un estado. Pero quedaba una pregunta incómoda: si afuera la violencia homicida cae de manera tan desproporcionada sobre hombres, ¿qué estaba ocurriendo dentro de la comunidad universitaria para que los alumnos parecieran no existir en la conversación pública?
Había un número claro para las mujeres y un vacío cuando intentaba formular la misma pregunta sobre los hombres. No era sólo que hubieran reunido a cuatro alumnas: ya existía una forma de verlas juntas, de escribir un titular con ellas y exigir una respuesta para ese conjunto. Con los hombres, ni siquiera sabía todavía a quién estaba buscando.
La primera respuesta no vino de una base de datos. Vino de un vecino que trabaja en la construcción. Sin pedirle nada, mientras hablábamos de lo que siempre hablamos ahora todos en esta ciudad, de la violencia, recordó varios casos de muchachos estudiantes víctimas de estos delitos en meses recientes, aunque no tenía una lista completa ni fechas exactas. Mencionó un ataque en un bar cercano a la universidad y el asesinato de un joven vinculado con su familia. Son testimonios, no una serie estadística.
Me sirvieron para otra cosa. Los hombres no estaban ausentes; estaban dispersos. Uno quedaba en una nota policiaca, otro en un bar, otro en una historia que conocía alguien que conocía a alguien. Y antes de morir muchos ya habían quedado dentro de “andaba en malos pasos”, una frase particularmente eficiente para terminar una conversación.
Quizá algunos sí estaban metidos en actividades criminales. Lo que me empezó a inquietar fue la facilidad con que esa sospecha clausuraba todo lo demás. Era hombre, era joven, quizá estaba metido en algo, y con eso la historia parecía explicarse sola. Dejábamos de preguntar quién lo reclutó, qué oportunidades tenía o por qué tantos muchachos terminaban ocupando los puestos más peligrosos de una economía criminal. El cadáver parecía venir con una explicación incluida.
Después hablé con una profesora de la UAEM. Lleva años trabajando con estudiantes y conoce bien el entorno universitario. Le conté la pregunta: si ya teníamos cuatro alumnas reunidas dentro de una categoría pública, ¿dónde estaban los alumnos?
Me dijo que tenía razón en preguntar y que ella misma había perdido al menos a dos alumnos varones en meses recientes; también le había llamado la atención la diferencia en la respuesta de la comunidad. Me platicó de un caso en particular:
Tuve un estudiante que fue desaparecido junto con su pareja, también estudiante. Después de una búsqueda, lo encontraron muerto, pero ella nunca apareció. En la memoria de la universidad ha contado más ella: él quedó en el olvido.
Cuando escuché aquello pensé: lo desaparecieron dos veces. Primero desapareció vivo y lo encontraron muerto. Después desapareció de la memoria.
Ese hecho no es prueba contundente de una diferencia de tratamiento ni en qué medida. Pero sí me dejó viendo que quizá no sólo importaba quién era víctima, sino qué víctimas logramos reunir dentro de una misma historia. A los hombres la violencia nos los entrega por partes: uno tuvo problemas, otro salió de noche, otro estaba en un bar, otro desapareció. Después de explicar cada caso por separado, uno deja de mirar que casi todos los cuerpos pertenecen al mismo sexo.
La conclusión antes de las preguntas
Volví entonces a Claudia y al expediente, que seguía moviéndose. La Fiscalía investigó su muerte bajo protocolo de feminicidio; con videos ciudadanos y cámaras privadas, testimonios, llamadas y mensajes identificó y localizó a Francisco Javier N. El 17 de septiembre fue reportada su detención, tras coordinación entre autoridades estatales y federales. La rapidez de esa primera respuesta me sorprendió.[^10]
Aunque en realidad no me debería sorprender. Sé que el Estado es perfectamente capaz de actuar cuando tiene los incentivos adecuados para hacerlo. Aquí quedó bastante bien documentado: hubo identificación, una orden de aprehensión, búsqueda coordinada y detención. Eso todavía está muy lejos de una sentencia, pero sería absurdo fingir que la Fiscalía no hizo nada. Para mí deja entrever algo más perverso sobre las autoridades: que muchas veces el problema puede estar menos en la incapacidad que en la falta de incentivos para actuar.
El fiscal de Morelos declaró después, en un comunicado, que el móvil identificado era “el robo del teléfono celular” de Claudia. Dijo también que el detenido “tenía antecedentes por robo, había estado en prisión y había sido sentenciado en Morelos”. Hasta ahora no hay sentencia previa, número de causa ni registro judicial público que permita reconstruir esos antecedentes más allá de la declaración del fiscal.[^11]
Allí comenzaron a convivir dos lenguajes. Uno parte de la hipótesis de un hombre que roba un teléfono y mata a una joven cuando pide ayuda; el otro nombra un feminicidio y lo incorpora a una conversación mayor sobre violencia contra las mujeres. La Fiscalía solicitó y obtuvo una orden por feminicidio. El robo como móvil no la vuelve jurídicamente imposible, pero la información pública todavía no revela qué circunstancia del Código Penal de Morelos presentó la Fiscalía ante el juez. No identificó públicamente qué fracción del artículo 213 Quintus invocó ni el dato pericial específico.[^8]
La palabra empezó a crecer: feminicidio, violencia feminicida, violencia de género; después machismo, misoginia, patriarcado. No las dijo la misma persona ni al mismo tiempo, y sería tramposo poner en boca de la Fiscalía lo que dijo una activista, una periodista o una organización. Aun así, la transformación se puede mirar. Una categoría jurídica puede empezar nombrando una vía de investigación y terminar funcionando como explicación.
Yo todavía tenía preguntas sobre el robo, los antecedentes del detenido, la policía, la Fiscalía, Cuautla, los alumnos desaparecidos y las víctimas que nunca llegaron a ser noticia nacional. Alrededor del caso, en cambio, había respuestas que parecían ya preparadas. La conclusión había llegado antes que las preguntas.
Mi incomodidad con la figura de feminicidio no empezó con Claudia. En Morelos, el artículo “213 Quintus” llama feminicidio a la privación de la vida de una mujer por razones de género y enumera circunstancias para tenerlas por existentes: violencia sexual, lesiones degradantes o mutilaciones, antecedentes de violencia, amenazas, ciertas relaciones con el agresor, incomunicación o exposición del cuerpo, entre otras. Si no se acreditan, la ley remite al homicidio.[^12]
Entiendo el terreno que intenta reconocer. Pero al leer el artículo vuelve una pregunta: muchas de las circunstancias que aparecen allí también pueden ser leídas mediante ventaja, alevosía, abuso de confianza, parentesco, amenazas, privación de libertad, violencia sexual o lesiones especialmente crueles. ¿Qué operación adicional realiza la palabra “género”? ¿Por qué la ley necesita convertir esas circunstancias en una clasificación penal distinta cuando la víctima es mujer?
No me interesa resolver si el fiscal tenía permiso de usarla. Puede haber pedido correctamente la orden y la ley puede haber sido aplicada como está escrita. La pregunta alcanza a la ley: por qué fue diseñada así, qué presupuestos incorpora y cuánto depende, al final, de quien interprete “razones de género”. Una ley puede estar vigente y seguir pareciéndome una mala ley.
El caso de Claudia concentra esa tensión. El fiscal habló de robo de celular como móvil y de “la manera” en que ella fue privada de la vida para explicar la orden por feminicidio, sin precisar el inciso legal ni el dato pericial. No sé todavía cómo se resolverá esa subsunción. El expediente abierto no vuelve inútil la pregunta de fondo.
¿Qué ocurre si usamos el mismo principio para mirar vulnerabilidades masculinas? Un joven reclutado porque es útil, reemplazable y socialmente prescindible también puede estar siendo seleccionado, en parte, por su sexo. Un hombre enviado a cobrar una deuda, transportar droga o ponerse al frente de una confrontación ocupa un lugar sexuado dentro de una economía de violencia. Cuando aparece muerto, solemos decir que estaba metido y seguimos. Si el sexo sirve como llave interpretativa, debería interesarnos también cuando la mayoría de los muertos son hombres.
Las leyes no caen del cielo. Alguien decide qué circunstancias agrupar y qué relaciones causales merecen un nombre propio. Luego esas palabras regresan con la autoridad de un código, una Fiscalía, un juez o un periódico. La categoría no controla mágicamente lo que vemos, pero participa en la manera de mirar. Hay palabras que con el tiempo se vuelven oficinas, presupuestos y protocolos.
La respuesta inmunológica
En algún momento empecé a pensar en esto como una respuesta inmunológica. La metáfora es imperfecta, pero me sirve. Un crimen o asesinato visible puede dirigir la mirada a preguntas concretas: dónde estaba la policía, qué sabía la Fiscalía, si había antecedentes, por qué alguien seguía libre, qué tan efectiva había sido la estrategia de seguridad. Son preguntas que tienen dirección: terminan en una oficina, una carpeta, una decisión o un presupuesto.
Después el hecho puede traducirse a una explicación mayor. Patriarcado es una palabra lo bastante grande para cubrir familia, escuela, trabajo, policía, sexualidad y casi cualquier relación entre hombres y mujeres. No hace falta imaginar una reunión secreta para que esa traducción ocurra. Un estudiante puede marchar por miedo y dolor, un periodista puede buscar contexto, un funcionario puede creer que un protocolo salvará vidas. Si ya comparten un idioma, sus decisiones pueden terminar empujando en la misma dirección.
La indignación que apuntaba a responsables identificables se dispersa. La administración deja de ser sólo acusada y puede volver como remedio, ofreciendo perspectiva de género, capacitación, protocolos, fiscalías especializadas y presupuesto. Todo eso puede ser sincero, pero también puede dejar en segundo plano la pregunta por alguien con antecedentes de robo que seguía circulando, por el comerciante que no denuncia una extorsión o por el muchacho que desaparece y nadie vuelve a preguntar por él.
Eso es lo que llamo respuesta inmunológica: una adaptación, no una conspiración. El aparato absorbe una acusación y la devuelve en un idioma que sabe administrar. Que distribuye y diluye la responsabilidad.
La política contemporánea ocurre también frente a una cámara o un “post”. El dolor puede ser real y, al mismo tiempo, convertirse en imagen pública. Una protesta ofrece una forma conocida de reunirse, hablar y mostrarse. Con un joven asesinado por el crimen organizado esa forma es mucho menos clara: no sabemos bien quién lo representa ni dónde poner la indignación. La mayoría se hunde dentro de la palabra “violencia”.
Las mujeres asesinadas poseen una categoría capaz de convertirlas en población política. Los hombres asesinados poseen una estadística. No estoy convencido de que ambas cosas pesen lo mismo. Y claro, las circunstancias y contexto de cada caso es importante, así como el sufrimiento real de las víctimas; nada de eso debe dejarse de lado.
La asimetría tampoco termina en el lenguaje. Morelos tiene una Fiscalía especializada en feminicidio, dos Centros de Justicia para las Mujeres y una Alerta de Violencia de Género vigente desde 2015 en ocho municipios, incluido Cuautla.[^13] Es una arquitectura pensada para reconocer un patrón de riesgo y responder a él; su existencia no prueba por sí sola que funcione. La pregunta no es por qué se ayuda a las mujeres; es por qué la lógica que vuelve insuficiente la protección universal para una población se detiene al cambiar el sexo de una población que soporta una mortalidad violenta mayor.
No creo que la respuesta deba ser una fiscalía de hombres asesinados ni una categoría penal espejo. Sé que la ausencia también organiza atención. Cuando una mujer es asesinada, podemos preguntar desde el inicio si su sexo tuvo relación con el hecho; cuando un hombre es asesinado, su sexo suele parecer irrelevante hasta que aparece una razón extraordinaria para mencionarlo. Muchos riesgos masculinos (confrontar, proteger, ocupar trabajos peligrosos, ser útil a un grupo criminal y fácilmente sustituible) están atravesados por expectativas sexuales y sociales. A veces llamamos a todo eso masculinidad. Cuando produce cadáveres, parece dejar de ser género.
No quiero convertir a Claudia en una pieza de mi argumento. Claudia Tacoronte tenía veintiún años, había venido desde España a estudiar en Morelos y participaba en una actividad cultural. Su muerte merecía la atención que recibió. Que la Fiscalía identificara y detuviera pronto a un sospechoso fue bueno. Que universidades, gobiernos y medios preguntaran qué pasó fue bueno. Ojalá ocurriera más.
El escándalo está en todo lo que una víctima parece necesitar para llegar a ser visible: ser joven, estudiante, extranjera, europea, mujer, y poder entrar de inmediato en una categoría reconocible. Muchas víctimas alrededor de Cuautla no reúnen esas condiciones. Son comerciantes, taxistas, albañiles, muchachos, familias y hasta infantes; personas que tomaron una mala decisión, personas que tomaron muchas, personas que estuvieron en el lugar y momento equivocado. Cuando mueren, cada una cae dentro de una explicación distinta: el que andaba metido, el que debía dinero, el que iba saliendo de un bar, el que desapareció, el que nadie volvió a buscar.
Todo esto comenzó con una pregunta más pequeña: quería saber si el Plan Cuautla estaba funcionando. Después detuvieron a un alcalde, aparecieron lonas, llegaron soldados, hubo cateos y números. Luego asesinaron a Claudia. Después aparecieron cuatro alumnas. Pregunté por los alumnos y descubrí que ni siquiera sabíamos cómo contarlos.
Cuatro alumnas tenían nombre. Pregunto cuántos alumnos han desaparecido. Nadie hasta ahora ha podido decírmelo.
Quizá eran muy pocos. Quizá eran muchos. Cualquiera de las dos respuestas importa. Pero antes de preguntar ya teníamos una conclusión. Hay personas que desaparecen una vez del mundo; otras desaparecen también de la historia que construimos para explicar lo ocurrido.
No quiero fomentar resentimiento ni echar más leña al conflicto sobre temas de género. Quiero condiciones mínimas de vida digna (Estado de derecho, protección de la propiedad y libertad) para trabajar en soluciones medibles, no quedarnos en buenas intenciones o posts. Ya vimos que el Estado puede trabajar cuando se le presiona lo suficiente: ¿qué necesitamos para sostener esa presión? ¿Qué estamos dispuestos a soportar si seguimos callados, esperando a que las autoridades “hagan su trabajo”?
Me quedo con más preguntas que respuestas, pero también con un mejor entendimiento de las capacidades y dinámicas en juego. Eso ya es algo.
Fuentes y notas
[^1]: EL PAÍS, “La vida feliz de Claudia Tacoronte”. [^2]: MVS Noticias, vinculación a proceso de Jesús Corona Damián. [^3]: El Universal, toma de posesión de Salvador Molina Martínez. [^4]: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Plan Cuautla. [^5]: La Jornada, balance de septiembre del Plan Cuautla. [^6]: El Sol de Cuautla, proyecto de arcos de videovigilancia. [^7]: Gobierno de Morelos, retiro de dispositivos no integrados al sistema. [^8]: EL PAÍS, orden de detención en el caso de Claudia Tacoronte. [^9]: INEGI, Estadísticas de Defunciones Registradas: homicidios por entidad de registro y sexo. [^10]: EL PAÍS, detención reportada de Francisco Javier N.. [^11]: La Jornada, declaración del fiscal sobre el móvil y antecedentes. [^12]: Código Penal para el Estado de Morelos, artículo 213 Quintus. [^13]: Secretaría de Gobernación, Alerta de Violencia de Género en Morelos; Gobierno de Morelos, Centros de Justicia y Fiscalía Especializada.
