I. No es una lista

Primero aparecieron los nombres.

Medios. Periodistas. Comentaristas. Figuras públicas. Emisores políticos. Cuentas de ataque. Un bloque anónimo. En las láminas del programa gubernamental Derecho de Réplica, cada grupo ocupaba una capa del mismo ecosistema. La primera reunía a medios y comentaristas. De ahí, decía la presentación, “se origina y se legitima el mensaje”. Después venían las figuras públicas y los emisores políticos, que retoman, respaldan y politizan. Más abajo aparecían cuentas de ataque y un bloque anónimo, vinculados a la circulación posterior de lo ya dicho.

La pantalla hacía su trabajo con una eficacia casi burocrática. Un nombre deja de ser solamente el nombre de una persona cuando aparece dentro de un diagrama estatal. Pasa a formar parte de una función. Ya no está ahí porque escribió una columna, condujo un programa o publicó una opinión. Está ahí porque alguien ha decidido explicar qué lugar ocupa dentro de una maquinaria.

Alcalde sostuvo después que aquello no era una lista de periodistas opositores. Defendió un análisis de trolls que recogen contenidos publicados por medios, periodistas, analistas y políticos; los editorializan, les añaden etiquetas y los ponen a circular como parte de una narrativa coordinada. Los medios y los periodistas no aparecen, según esa explicación, como receptores de pago ni integrantes de la operación. Aparecen antes: proporcionan el material que otras cuentas utilizarán para legitimar su mensaje.

Un periodista publica una columna, conduce un programa o deja una opinión en X. Otra cuenta toma una frase, la encuadra y la vuelve a lanzar. El esquema oficial ubica al primero en el arranque de la cadena y a la segunda en su amplificación. Así, aun quien jamás haya visto a los trolls que reutilizan su trabajo queda situado dentro de una arquitectura cuya finalidad declarada es advertir que ciertas tendencias han sido infladas artificialmente.

Ahí está la pequeña puerta por la que entra el Partido. Ordena una escena donde unos producen, otros retoman y otros atacan; cada capa parece saber para qué existe. Desde fuera, la conversación pública deja de parecer una multitud desordenada de personas que discuten, mienten, investigan, repiten o se equivocan. Adquiere la forma legible de una red, con sus actores ya distribuidos en el lugar que les corresponde.

Ése es el objeto que quedó sobre la mesa: una colección de nombres, cuentas y funciones presentada desde Presidencia; un conjunto que el gobierno no acepta llamar lista de periodistas opositores; una explicación oficial de quién habla primero, quién respalda después y quién convierte todo aquello en ruido.

La pregunta empieza ahí. Una respuesta presidencial discute con una persona. Este diagrama la sitúa dentro de un reparto: antes de que vuelva a hablar, ya tiene un papel asignado en el modelo oficial de la conversación.

II. Tus nuevos derechos

Después de repartir funciones en la conversación pública, la ley llama audiencia a quien está del otro lado de la pantalla o del radio. Reconoce derechos: programación plural, información oportuna y diversa, la separación entre publicidad y contenido, el derecho de réplica, distinguir información noticiosa y opinión, veracidad. Leídos como ideales, parecen transparentes. Se vuelven menos tranquilos cuando alguien debe definirlos, medirlos y aplicarlos.

¿Qué cuenta como pluralidad? ¿Qué información es oportuna, para quién y en qué contexto de un país tan diverso como México? ¿Dónde termina el contenido y empieza la publicidad cuando hay patrocinio, product placement, autopromoción, solicitudes de donativos o promoción de redes? La misma pregunta cambia de escala cuando el gobierno mezcla información, propaganda, defensa política, publicidad institucional y lo que llama «réplica».

La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ordena preservar la pluralidad y la veracidad de la información en la radiodifusión de interés general. También exige códigos de ética, defensorías de audiencias y lineamientos de la Comisión. La persona que considera vulnerado un derecho puede presentar una reclamación; el defensor debe responder, formular recomendaciones y, en ciertos casos, publicar una rectificación o una propuesta de acción correctiva.

Que existan prácticas engañosas no demuestra que una arquitectura estatal vaya a eliminarlas, aplicarse de manera uniforme, evitar la arbitrariedad o impedir nuevas formas de simulación. Tampoco demuestra que el propio gobierno quede fuera del problema. La ley protege la libertad editorial y programática, ordena evitar la censura previa y no instala una oficina con poder general para declarar falsa una opinión política.

El derecho de réplica nombra otra dificultad. La ley lo incluye entre los derechos de audiencia, pero eso no resuelve qué relación guarda con un programa gubernamental llamado Derecho de Réplica, desde el que el poder responde políticamente. ¿Frente a quién opera el derecho constitucional de una persona y qué significa cuando el gobierno usa el mismo nombre para su propia respuesta? El expediente reunido no permite convertir esa tensión en una equivalencia jurídica.

Cada una de esas promesas exige interpretación. Alguien debe redactar el código, recibir la reclamación, distinguir una noticia de una interpretación y decidir si hubo incumplimiento. Para garantizar información plural, oportuna, diversa y veraz, alguien debe decir qué cuenta como cumplimiento. El poder que debe respetar la libertad adquiere instrumentos para ordenar las condiciones de su ejercicio.

Los derechos, en cambio, operan en dirección contraria. Una persona vale aunque sea pobre, molesta, equivocada o impopular; ese valor fija límites éticos que algunos derechos llevan a la constitución, para que el poder no pueda tratar al ciudadano como una herramienta disponible.

El gobierno no entrega esos límites como reconocimiento por buena conducta. Los reconoce, los protege y queda obligado por ellos. Carmen Aristegui lo dijo con una frase menos ceremoniosa: la libertad de expresión no es una “graciosa concesión” del gobierno. Cuando el Estado ocupa el lugar de proveedor, una libertad empieza a parecer una prestación suya.

El problema aparece en la frontera. La ley exige diferenciar información noticiosa y opinión. La vida pública las mezcla con facilidad: una noticia contiene una selección; una interpretación se apoya en hechos; una opinión incómoda puede resultar cierta. Quien administra esa frontera aprende a decidir qué clase de cosa ha dicho cada quien.

III. Nadie censuró a nadie

La capacidad que pide una promesa legal no se queda quieta dentro de la ley. Sale a caminar. Una señal pronunciada desde Presidencia llega a oficinas donde alguien la convierte en prioridad, después en borrador, regla, criterio de selección o procedimiento. Quien ocupa el cargo más alto no redacta cada lineamiento ni decide cada contrato. Para eso hay asesores, abogados, administradores y gente que sabe volver presentable una preferencia política.

Cada tramo conserva su propia voluntad. El abogado puede creer que está cerrando una laguna; el funcionario, cumpliendo una obligación; el directivo de una empresa, reduciendo un riesgo. También existe el oportunista, siempre atento a descubrir qué quiere oír quien manda. La redacción final puede ser impecable, profesional, hasta aburrida. Su origen político no se evapora por haber pasado por tantas manos.

No toda construcción necesita arquitecto. Puede crecer con decisiones prácticas y añadidos sucesivos, siempre que haya una dirección reconocible y suficientes personas dispuestas a traducirla por razones distintas. Cuando la señal viene de una autoridad cuya voz pesa sobre presupuestos, investigaciones y reformas, y que ocupa cada mañana la pantalla más poderosa del país, nadie la recibe como recibiría la opinión de un vecino. Empieza a pesar antes de convertirse en instrucción.

La publicidad oficial permite ver ese peso sin inventar una llamada que no conocemos. La Ley General de Comunicación Social exige programas, criterios de selección y transparencia para gastar dinero público en comunicación. Un informe de ARTICLE 19 y Política Colectiva sobre 2024 documentó concentración entre los receptores, registros incompletos y criterios difíciles de seguir. Eso no demuestra que un medio determinado haya perdido pauta por una crítica. Documenta un régimen que exige criterios públicos y una trazabilidad que, según ese informe, sigue siendo insuficiente.

El viejo chayote era una transacción con modales menos pudorosos: hablar bien, cobrar. La forma moderna puede ser más limpia en el papel y más difícil de leer desde fuera. Un propietario conoce las cifras y un editor la fragilidad de su negocio. Cuando una empresa depende en parte de recursos que una autoridad asigna, el cálculo puede aparecer antes de que alguien formule una amenaza. Basta con que los costos sean visibles y el criterio de quien paga permanezca borroso.

Esa borrosidad reparte también la coartada. La oficina puede decir que siguió sus lineamientos. El medio, que tomó una decisión comercial. El funcionario, que nunca pidió suavizar una nota. Tal vez cada frase describa correctamente un tramo de lo ocurrido. Juntas dejan una pregunta menos cómoda: ¿cuántas decisiones propias hacen falta para que una voz se vuelva demasiado cara?

Ya seguí otra parte de esa historia en La búsqueda del ciudadano transparente: el ciudadano convertido en dato legible, la obligación administrativa que parece lejana de una conversación política y termina cambiando las condiciones de anonimato. Aquí la infraestructura es otra. El principio se parece: una libertad escrita en abstracto depende de oficinas, empresas y sistemas que alteran cuánto cuesta ejercerla.

Lo sé también en una escala diminuta. He visto mensajes privados en X desaparecer y reaparecer; otros parecieron no llegar. En ocasiones deformé palabras para intentar que pasaran. Después de discusiones políticas agresivas, percibí que mis interacciones llegaban menos lejos. Puedo dar cuenta de esa secuencia; no sé explicar su causa. No hay evidencia de que el gobierno mexicano haya intervenido ni de que X me haya clasificado por mis opiniones. Por eso mantengo un servidor y un dominio propios. No me vuelven invulnerable. Sólo me dan una imprenta pequeña, pagada por mí, para que una cuenta ajena no sea el único lugar donde mi trabajo puede existir.

IV. La verdad oficial

#NarcoGobierno apareció en abril de 2024 dentro de una presentación oficial sobre «ataques pagados y robotizados». Estaba entre cuarenta y una etiquetas que el gobierno dijo haber observado en X. Dos años después, Luisa María Alcalde lo recuperó para explicar una conversación que, según su descripción, los trolls toman de una noticia, editorializan y devuelven a la red con una etiqueta encima.

Yo uso la palabra narcogobierno por convicción propia. No soy un bot. Nadie me paga por escribirla. Sobre si el término describe con justicia al país habrá que discutir en otro expediente, con los hechos de crimen, colusión y Estado que exige una acusación así. Sobre si yo lo pienso no hace falta un estudio de bots.

Una máquina puede empujar una palabra hasta volverla ubicua, añadirle volumen, velocidad y la impresión de que todo el mundo habla de lo mismo. No fabrica por eso la opinión de quien ya sostenía esa idea antes de abrir X. Una etiqueta admite ambas cosas a la vez: actividad automatizada alrededor de una crítica y personas de carne y hueso que comparten la crítica sin recibir instrucciones de nadie.

Éste no es un detalle sentimental. La investigación sobre redes distingue automatización, coordinación, visibilidad y opinión pública; medir una de ellas no permite adjudicarse las otras. Una conversación amplificada no se vuelve representativa sólo por tener más publicaciones. Tampoco desaparece como conversación humana porque una parte de su alcance haya sido comprado, programado o coordinado.

En el diálogo transcrito de agosto, Alcalde habla primero de más de medio millón de bots y después de medio millón de cuentas coordinadas. Sostiene que detrás hay pago o financiamiento; al preguntarle quién impulsa la estrategia, responde que no puede decirlo. También presenta la finalidad de su análisis como una advertencia al usuario de X: una tendencia puede parecer conversación entre personas cuando las máquinas han inflado su volumen. El salto llega cuando una detección técnica empieza a explicar qué opinión existe y cuál sólo aparenta existir.

Busqué cómo habían llegado a esa cifra. En los videos, entrevistas, publicaciones, notas y documentos que encontré no pude reconstruir una definición clara y operacional de bot, el universo analizado, datos suficientes, una tasa de error o validación, ni el puente probatorio entre coordinación y financiamiento. Eso no demuestra que esa metodología no exista; sólo que no pude reconstruirla con lo publicado que encontré. El ciudadano queda así frente a una conclusión que no puede reproducir ni discutir en sus propios términos.

Alcalde sostiene, además, que los periodistas y medios incluidos en las capas no forman por eso parte de la operación ni reciben pago; su contenido sería retomado por otras cuentas. La precisión importa. El propio modelo contiene una fuente humana y una circulación posterior que puede estar coordinada. Al colocarlas dentro de la misma explicación oficial, el Partido ofrece una lectura que asigna origen, legitimación, eco y función a los actores del conjunto.

Tal vez por eso la idea del Noticiero Oficial del Bienestar deja de sonar del todo como un chiste. Si el gobierno presenta sus datos para contrastar narrativas que califica de falsas, clasifica las redes que las propagan y explica qué conversaciones son meras apariencias, termina ocupando un lugar privilegiado frente a cualquier ciudadano que diga algo parecido por su cuenta.

La pregunta vuelve entonces a una persona real detrás de una palabra clasificada. No importa sólo cuántas cuentas empujaron una tendencia. Importa qué lugar queda para quien la escribió sin bot, sin pago y sin permiso del Partido.

V. Cuando finalmente te toca a ti

Carmen Aristegui pudo encender un micrófono y responder. Cuando una pregunta convirtió su comparación sobre el uso de las listas en una comparación personal de la presidente con Hitler y Stalin, tuvo dónde decir que eso no era lo que había dicho. Pudo explicar la diferencia y recuperar sus palabras. Esa posibilidad importa. También revela un privilegio material: hay gente que puede contestarle al poder ante millones de personas al día siguiente.

Joaquín López-Dóriga insistió en otra diferencia elemental. Su programa no pesa lo mismo que Presidencia, con sus recursos, su pantalla diaria y la capacidad de producir una respuesta oficial. No hace falta admirar a ninguno de los dos, ni compartir sus opiniones, para reconocer la desproporción. Defender la libertad de expresión sólo para las voces agradables deja la libertad en manos de quien decide cuáles merecen ser escuchadas.

Ellos tienen audiencia, archivo, micrófono y capacidad de réplica pública. Si una clasificación les asigna una función y responden desde su propio espacio, el choque queda a la vista. Para alguien sin esa infraestructura, la dependencia de intermediarios se vuelve más desnuda. Una publicación o un mensaje puede quedar en manos de una plataforma cuyo funcionamiento esa persona no logra auditar. Nadie convoca una entrevista para preguntarle qué quiso decir.

Conservar una voz propia puede exigir dominio, servidor y respaldo para mantener una imprenta pequeña. Es una solución parcial y tiene un costo material.

López-Dóriga contó la figura del ofrecido: alguien que escucha un señalamiento y decide adelantarse a hacer el trabajo que nadie le pidió por escrito. La anécdota no prueba una cadena concreta. Sirve porque conocemos el gesto.

El periodista famoso puede volver al aire y disputar la etiqueta que le pusieron. El ciudadano anónimo a menudo aprende otra cosa: reformularse, borrar una frase, retirarse un poco o pagar por sostener su pequeña imprenta. Y cuando incluso esa persona habla, el gobierno ya cuenta con categorías, vocabulario y un modelo para interpretar la conversación en que aparece.